LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PERJUDICA A LA CIUDADANÍA Y A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, las medidas planteadas por el Gobierno para reformar de la Administración Local significan la destrucción de miles de puestos de trabajo, la supresión de servicios públicos y un nuevo ataque a la calidad de los mismos y a las retribuciones de su personal.
La reforma planteada en el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad la Administración Local esta hecha con la finalidad de reducir la dimensión, proyección e intervención de los poderes públicos, con un fuerte impacto en los derechos laborales y en los servicios de la ciudadanía, y sobre la información y control público de la actividad económica.
Esta es la opinión de FSC-CCOO, que considera que el anteproyecto de ley declara el imperativo de favorecer la iniciativa privada para evitar lo que, a juicio del Gobierno, son “intervenciones administrativas desproporcionadas”, lo que constituye una declaración meramente ideológica que nada tiene que ver con la eficacia tanto en la prestación de servicios como en su gestión económica.
Este enfoque limita injustificadamente la autonomía local y no considera las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado Español.
El Estado pretende con el pretexto de la crisis, anular a los ayuntamientos y por consiguiente reducir empleos públicos en las entidades que han mostrado una mejor adaptación a la crisis ya que, según los propios datos del Gobierno, su déficit ha sido del 0% durante el año 2012.
Por todo ello, el Sector de Administración Local de FSC-CCOO considera que estamos ante un verdadero plan de ajuste con destrucción de miles de puestos de trabajo y la correspondiente supresión de servicios públicos, sin información ni evaluación veraz del impacto real en la efectiva prestación, extensión y calidad de los servicios públicos, mientras que el Gobierno oculta y esconde los informes en los que se basa para emprender y evaluar esta medida.
Las medidas planteadas por el Gobierno significan, en definitiva, la destrucción de miles de puestos de trabajo y la supresión de los correspondientes servicios públicos, y un nuevo ataque a la calidad de los servicios públicos y a las retribuciones y volumen de los empleados públicos.