CC.OO. INFORMA:

EL pasado 7 de junio se ha presentado por parte de las correspondientes Federaciones Estatales del Área Pública de CC.OO. ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuncio de RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOBRE PROTECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES reconocidos en el artículo 28.1, en relación con los artículos 7 y 37.1 de la Constitución, por el atentando a la libertad sindical llevado a cabo por el Gobierno de la Nación al haber prescindido de la negociación colectiva, de la que son titulares las organizaciones sindicales, a la hora de llevar a cabo la tramitación y aprobación de una reducción generalizada de las retribuciones del personal de las Administraciones Públicas, lo que se materializó por la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2010 , de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, publicado en el BOE de 24 de mayo de 2010 y convalidado por el Congreso de los Diputados con fecha 27 de mayo de 2010.

En dicha demanda se solicita lo siguiente:

1.-Se declare la lesión a la libertad sindical y la negociación colectiva.

2.- Se declare la nulidad de la actuación del Gobierno.

3.-Se acuerde el cese inmediato del comportamiento antisindical.

4.-Se acuerde la reposición de la situación al momento anterior a producirse el mismo, así como la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización de de daños y perjuicios que proceda, y todo ello, en cuanto más proceda en Derecho, para permitir lo anterior, y única forma de que sea repuesto el derecho sindical vulnerado, se solicita igualmente del Tribunal Supremo que eleve cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional frente al ya citado Decreto Ley 8/2010.

La demanda se ha presentado por el Área Pública de CC.OO. y acudirá a cuantos resortes jurídicos fueran posibles. CC.OO. coordinará las iniciativas de demandas jurídicas que deberemos seguir en los correspondientes ámbitos territoriales y sectoriales frente a los convenios colectivos vulnerados por el Real Decreto, y los diferentes instrumentos jurídicos frente a dicha aplicación.