jueves, 18 de octubre de 2012


Por: Paula Puerta el 16/10/2012 en Estepona 

Quien haya ideado esta defensa no está a la altura
del sueldo que gana como cargo de confianza
Una de dos, o los representantes municipales no han estado en el mes de negociaciones previo a la consumación del ERE en el Ayuntamiento de Estepona, o los asesores políticos del alcalde de la localidad y sus concejales no se merecen esos sueldos millonarios que ganan después de que a pocas horas del juicio que verá este expediente de regulación de empleo, el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Estepona, capitaneado por Mercedes Periáñez Rojas, se haya marcado unas declaraciones en boca de la edil de Personal Fernández Fígares en la que no se les ha ocurrido una idea mejor que mostrar su desacuerdo con  la subida de impuestos planteada por CCOO en la demanda por despido colectivo presentada contra el Ayuntamiento.
Olvidando la batería de medidas presentadas durante un mes en la mesa general de negociación que entre otras cuestiones planteaba una rebaja salarial para el equipo de Gobierno así como otras muchas medidas de las que hemos informado un día tras otro, la  concejala del área de Personal ha señalado que el Consistorio mantiene su compromiso de no aumentar la presión fiscal a la ciudadanos porque éstos “no pueden costear la mala gestión y el despilfarro ocasionado por la clase política durante años”.
Demagogia a pocas horas de un juicio ideada con el claro fin de posicionar a la opinión pública a favor de un Gobierno que ha perdido apoyos un año y medio después de su Gobierno a costa de un tema tan sensible como el relativo a los impuestos, obviando -claramente a propósito- la propuesta de los sindicatos y asegurando intencionadamente que en la demanda interpuesta por el sindicato se propone que el equipo de gobierno actué aumentando los impuestos para ajustar los ingresos del Ayuntamiento con sus necesidades económicas; una verdad a medias que mañana quedará al descubierto durante la vista, donde la defensa del Ayuntamiento tendrá que dar muchas explicaciones acerca de otros temas que nada tiene que ver con esta presunta petición de subida de impuestos.
“Además, la demanda de CCOO contra el E.R.E. también plantea como alternativa a los despidos que se revisen los precios públicos y las tasas en los casos en los que no se cubra la totalidad del coste del servicio o actividad, e incluso solicitan que se establezcan nuevos impuestos que el Ayuntamiento de Estepona no tenga contemplados en la actualidad. La edil de Personal ha mostrado su disconformidad con los planteamientos del sindicato porque defienden que los seis millones de euros de ahorro que exigía el plan de ajuste del Consistorio para poder afrontar el pago de más de 60 millones de euros a proveedores sean finalmente asumidos por la ciudadanía a través de una subida de impuestos injusta”, asegura el Ayuntamiento en su nota de prensa en la que se insiste en que desde el Gobierno municipal se propuso una rebaja salarial a la plantilla con el fin de impedir los despidos.
Y efectivamente fue así. Se propuso una rebaja salarial de casi el 20% para los empleados municipales sin que con esta medida se garantizara un ERE posterior que sí que le habría salido redondo al Gobierno del P.P.. Exactamente, de haber optado los trabajadores por esta reducción salarial, un E.R.E. posterior habría resultado al Ayuntamiento un 20% más barato.
Sin embargo, lo más grave de la nota de prensa es la afirmación en la que se asegura que desde los sindicatos no  se presentaron alternativas reales a la reducción de plantilla planteada por el equipo de gobierno durante todo el proceso de negociación. Algo discutible a tenor de la documentación que incluso se presentó ante la autoridad laboral a finales del mes de junio para que quedara constancia de la nula voluntad negociadora de este Gobierno respecto de este proceso. Es más, incluso I.U. presentaba una serie de medidas alternativas al E.R.E. que tampoco fueron contempladas ni siquiera de manera parcial.
“Por último, la responsable municipal ha recordado que esta medida ha sido la más dolorosa para el equipo de gobierno y ha precisado que el Gobierno central obliga a las administraciones a tener equilibrados sus ingresos y gastos, algo que no sucedía aquí, donde existía un desfase de seis millones de euros”, añadiendo que la viabilidad económica del Ayuntamiento va a permitir “que sigamos evolucionando y ofreciendo cada vez mejores servicios a los ciudadanos”, asegura Fernández Fígares en una defensa que mañana tendrá que ser demostrada ante el juez que escuchará de boca de la defensa una serie de argumentos contra precisamente esta afirmación y de los que daremos cuenta durante la amplia cobertura que avanzamos hará mañana micity.es desde los juzgados malagueños.