CCOO reitera su apuesta porque las
administraciones recuperen la gestión directa de los servicios públicos
externalizados o privatizados y que se abra una negociación con las
organizaciones sindicales para preservar el empleo y las condiciones laborales.
Comisiones Obreras
saluda que, tras la constitución de los nuevos gobiernos municipales y
autonómicos, se esté abriendo el debate sobre la vuelta a la gestión pública de
servicios que nunca debieron ser privatizados o externalizados, postura que
esta organización sindical lleva defendiendo desde hace muchos años.
Ya el pasado 6 de julio desde la Secretaría de Acción Sindical se emitía
un comunicado en el que se dejaba claro que "CCOO defiende el retorno a la
gestión pública de los servicios públicos externalizados y la necesidad de
preservar y mantener la estabilidad en el empleo y los derechos
laborales".
Las dudas que
algunas declaraciones puedan haber sugerido no tiene que ver con el fondo (el
rescate de servicios públicos para su gestión directa por las administraciones
responsables de los mismos) sino con el qué servicios se rescatan, cómo y
cuándo.
Porque, como en
ese mismo comunicado se resaltaba, "los procesos de rescate de
servicios públicos para su prestación a cargo de las administraciones,
presentan cierta complejidad jurídica en muchos aspectos, y también en lo que
afecta al empleo y las condiciones de trabajo, que son nuestro objetivo
principal".
Los objetivos de
CCOO son una mejora en la calidad, la intensidad, la equidad y la eficiencia de
la prestación de dichos servicios públicos, con plenas garantías para el empleo
actualmente existente en los mismos, a su estabilidad y calidad (que, en muchos
casos, debe mejorar) y con pleno respeto a los requisitos constitucionales de
acceso al empleo público y a la seguridad jurídica.
Para CCOO es
posible conjugar todos esos aspectos, pero ello no depende solo de la voluntad
o del anuncio de la voluntad política (con ser ello importante): exige un
análisis riguroso de cada caso y una negociación que haga posible conjugar
todos esos aspectos.
Por tanto,
saludamos la voluntad política expresada en varios ámbitos de estudiar el
rescate para la gestión por las administraciones de los servicios públicos
ahora privatizados o externalizados (voluntad que compartimos y que
impulsaremos), pero exigimos que dichos procesos sean negociados con carácter
previo para preservar el empleo y las condiciones laborales.