miércoles, 10 de junio de 2015
martes, 9 de junio de 2015
miércoles, 27 de mayo de 2015
Anula parte del artículo 35.3 del Reglamento por considerar contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo
Autor Comunicación Poder Judicial
Autor Comunicación Poder Judicial
- La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado parte del artículo 35.3 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de 2012, por considerar contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo cuando la empresa es una entidad (pública o privada) de las contempladas en el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Estado (administración del Estado y de las comunidades autónomas, entidades que integran la administración local, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas, diputaciones forales y juntas generales del País Vasco, y diversas entidades de derecho público).
El Supremo estima parcialmente un recurso contencioso-administrativo de UGT y CC.OO. contra el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
El artículo 35.3 del Reglamento introduce dos criterios para determinar si hay insuficiencia presupuestaria: el déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior, y la minoración de créditos en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores. Para el Supremo, seguramente ambos criterios pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria; es decir, situaciones en que la empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios públicos que tiene encomendados.
Ahora bien, recuerda la sentencia, “lo que la norma legal de referencia -esto es, la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores- configura como causa justificativa del despido colectiva no es la mera insuficiencia presupuestaria, sino la ‘insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente’”.
Para el Supremo, “esta importante adjetivación está literalmente ausente en el art. 35.3 del Reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella”.
“Más aún –añade la sentencia--, este criterio reglamentario supone una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados- sustituyéndolo por un dato puramente formal”.
La misma sentencia anula también el apartado primero de la disposición final 2ª del Real Decreto 1483/2012, que encomienda la comunicación de las medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo a la empresa, cuando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la Seguridad Social establecen que debe hacerlo la autoridad laboral. El Supremo no considera de por sí ilegal atribuir ese deber de comunicación a la empresa, pero sin suprimir el deber de comunicación que las leyes atribuyen a la autoridad laboral. El Supremo no entra a examinar parte del recurso de los sindicatos por haber perdido parcialmente su objeto como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015.
Por otro lado, el Supremo ha dictado otras dos sentencias en las que rechaza los recursos de UGT, CC.OO. y la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, órgano necesario para el funcionamiento del llamado descuelgue de los convenios colectivos. El Supremo declara que parte de los recursos han perdido su objeto por sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015, y respecto a los reproches de legalidad ordinaria contra el citado Real Decreto, rechaza los argumentos de las centrales de que la Administración no les dio trámite de audiencia antes de aprobar el decreto.
martes, 26 de mayo de 2015
jueves, 21 de mayo de 2015
CONVOCADAS ELECCIONES SINDICALES EN EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA
El pasado dia 12 de mayo se constituyeron las Mesas Electorales para el proceso de elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Estepona, donde se aprobó el calendario electoral, que finalizará con el dia de votación previsto para el dia 23 de Junio de 2015.
CCOO presentó una reclamación al censo sobre el derecho a participar en el proceso electoral los trabajadores despedidos en el ERE, al no existir sentencia firme en conformidad con diversa jurisprudencia. Y que ante la complejidad del asunto, las Mesas Electorales consideraron que se iniciará el oporturno procedimiento artibral.
La Reclamación formulada es la siguiente:

La respuesta de las Mesas Electorales:
martes, 19 de mayo de 2015
El
PSOE anuncia que municipalizará los servicios privatizados por el PP en
Estepona
Heredia
pone en valor el proyecto político que representa Valadez y asegura que en
Estepona solo hay un camino para el cambio: el PSOE
El secretario general del PSOE de Málaga y del grupo socialista
en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia y el candidato del PSOE a
la Alcaldía de Estepona David Valadez, han anunciado hoy que si los socialistas
consiguen gobernar en la localidad los vecinos y vecinas del municipio
“recuperarán” los servicios que el PP ha privatizado a lo largo de estos años.
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| El Secretario Provincial de los socialistas malagueños con el candidato, David Valadez. |
Heredia ha visitado esta mañana el municipio de la Costa del
Sol, donde ha lamentado que unas mil personas de la localidad hayan visto recortar
sus derechos laborales debido a la externalización y privatización de servicios
públicos llevada a cabo por García Urbano. “El candidato del PP ha estado
haciendo negocio con empresas privadas a costa de los trabajadores del
municipio”, ha dicho.
“Este alcalde del PP ha demostrado la escasa sensibilidad social
del partido al que pertenece y sirve. Lo hizo cuando despidió a 176
trabajadoras y trabajadoras municipales aplicando un duro recorte para acabar
pagando lo mismo por los servicios que prestaban, eso sí, pagándoselo a
empresas privadas que han precarizado la situación laboral de los nuevos
empleados gracias a la reforma laboral que aprobó su mismo partido. García
Urbano ha sido fiel ejecutor del recorte de la administración local que imponía
el Partido Popular”, ha criticado Heredia.
En este sentido, el secretario general de los socialistas
malagueños ha destacado que en Estepona, “la crisis tiene rostro de mujer” ya
que mientras que el paro masculino ha bajado el paro entre las mujeres ha
aumentado un 9% desde 2011 hasta situarse en más de 3.600 desempleadas. En
situación similar están los mayores de 45 años, con un aumento del porcentaje
de este colectivo en el total de desempleados: del 36,6% del 2011 al 43,47%.
Heredia, además, ha puesto de relieve el estudio del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) del que se desprende que Estepona se
encuentra entre las dos ciudades andaluzas más vulnerables por los efectos de
la recesión, por detrás solo de Roquetas de Mar.
“Con todo esto, Estepona lo que menos necesita son las mismas
políticas de austeridad, agresivas contra las clases medias y trabajadoras. Lo
que sí necesita es un gobierno social como el que representa el PSOE. A las
claras, debe contar con políticas que garanticen la igualdad de oportunidades,
que se generen esas oportunidades, pero para todos y todas. Tiene que ser de un
crecimiento democrático, que nadie se quede por el camino”, ha explicado el
secretario general.
Miguel Ángel Heredia ha puesto en valor el proyecto político que
representa Valadez y ha asegurado que en Estepona solo hay un camino para el
cambio: el PSOE. “Necesitamos un blindaje de la políticas sociales y aumento de
los presupuestos para cerrar esas brechas. La recuperación de los derechos
perdidos comienza en estas elecciones del 24 de mayo”, ha añadido.
“El PSOE de Estepona, con David Valadez a la cabeza, representa
un proyecto social, un proyecto que blinde las políticas sociales, no que se
sume a la reforma local que deja a los ayuntamientos sin instrumentos para
luchar contra la desigualdad. Estas elecciones del domingo son vitales para una
salida social de la crisis económica, para que nadie quede atrás en nuestros
barrios de grandes ciudades. Necesitamos gobiernos municipales con sensibilidad
y empatía social, de rostro humano. Somos la garantía de una salida social a la
crisis, la única fuerza de cambio y progreso”, ha declarado Heredia.
Por su parte, el candidato socialista ha informado que mediante
la municipalización y rescate de los servicios privatizados por el equipo de
gobierno del PP, las arcas públicas podrían ahorrarse hasta más de 5 millones
de euros al año. Así, ha anunciado que aumentará las partidas dedicas a las
políticas sociales y ha denunciado que el alcalde solo haya invertido 30.000
euros al año en estas partidas. “Un solo concejal del equipo de gobierno del PP
cobra más del doble de lo que el Ayuntamiento destina a atender a más de 70.000
personas en materia de política social”, ha apuntado.
“Nuestras prioridades son muy claras: la política social, la
educación pública y gratuita y la puesta en marcha de iniciativas que puedan
paliar el drama del desempleo. De hecho, me comprometo a destinar partidas
presupuestarias para complementar los planes de empleo de la Junta de
Andalucía. No vamos a despedir a empleados públicos y vamos a municipalizar los
servicios privatizados por el PP”, ha detallado Valadez.
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Información Area de Servicios.
jueves, 14 de mayo de 2015
El PSOE firma con los Comités de
Empresa el rescate de los servicios privatizados
Esta medida supondrá un ahorro anual superior a los cinco
millones de euros
El candidato socialista y secretario
General del PSOE de Estepona, David Valadez, ha firmado un documento con los
presidentes de los comités de empresa de los servicios públicos de limpieza de
edificios públicos, brigadas de Infraestructuras, Jardines y Playas,
Saneamiento y Cementerios por el que garantiza que “si el PSOE ostenta
responsabilidades de gobierno tras las elecciones del 24 de mayo los servicios
públicos volverán a ser prestados desde el Ayuntamiento”.
Valadez aseguró que “nada más expirar los
vencimientos de los contratos firmados se irá produciendo la municipalización
del servicio. Tendremos problemas en dos: saneamientos y cementerios que han
sido puestos manos privadas por el PP por décadas. Para estos dos servicios, al
igual que para los demás, se llevará a cabo un auditoría para determinar el
grado de incumplimiento de los pliegos de condiciones que sirvieron para
licitar las privatizaciones”.
“El PSOE jamás va a poner en marcha un
Expediente de Regulación de Empleo, del mismo modo que no creemos en la gestión
privada de los servicios públicos. Empresas privadas que, como se ha demostrado
en el caso de Estepona, están obteniendo importantes beneficios que pagamos
entre todos y que repercuten fuera de la ciudad porque ni una sola de estas empresas
es del pueblo”, aseguró el dirigente socialista.
Además añadió que “sí o sí este asunto se
llevará a cabo y se materializará en los próximos meses. No gobernaremos si la
municipalización no se realiza”.
También indicó que “cuando no somos los
esteponeros los que pagamos los beneficios empresariales y el IVA que se
repercute mensualmente a través de los presupuestos de la Corporación es porque
directamente nos saquean los bolsillos. Así se refirió al incremento de hasta
un 1.200% en las tasas del cementerio o a la puesta al cobro, incluso con
carácter retroactivo, del servicio de alcantarillado”.
“Los más de cinco millones de euros que
nos ahorraremos anualmente con esta medida nos permitirá asumir parte de la
importantísima deuda que el Ayuntamiento tendrá que empezar a abonar tras las
elecciones. Hasta diciembre habrá que pagar los nueve millones de euros de
cuatro operaciones de crédito firmadas por el alcalde entre junio y noviembre
del pasado año y a partir del 1 de enero del 2016 habrá que empezar a pagarse
los 65 millones del plan de pago a proveedores”, aseguró el secretario General
socialista.
miércoles, 13 de mayo de 2015
CCOO presentó solicitud para concentración
de trabajadores en el Ayuntamiento de Estepona para el próximo 19 de mayo,
debido al impago de la parte proporcional de la paga extra de 2012, siendo el
único municipio de la provincia de Málaga que no la ha abonado a sus
trabajadores.
Estepona a 13 de Mayo de 2015
jueves, 7 de mayo de 2015
El Ejecutivo de Rajoy continuará con los ajustes del gasto a pesar de la recuperación de los ingresos.
En Ayuntamientos han de suprimir servicios que no son de su competencia por valor de 374 millones de euros
De acuerdo con el Programa de Estabilidad 2015-2018 remitido a Bruselas, la Administración tendrá que recortar otros 17.500 millones de euros en los próximos tres años.
Dirigentes del Partido Popular con el presidente local y Alcalde de Estepona, Jose Maria Garcia Urbano
El Ejecutivo de Mariano Rajoy continuará con los ajustes del gasto en los próximos años a pesar de la recuperación de los ingresos. De acuerdo con el Programa de Estabilidad 2015-2018 remitido a Bruselas, la Administración tendrá que recortar otros 17.500 millones de euros en los próximos tres años.
En el documento que sirve de hoja de ruta de la política económica, el Gobierno se compromete con la UE a recortar el gasto en unos 7.000 millones en 2015, unos 6.000 millones en 2016 y unos 3.000 millones en 2017. "El total equivale a 17.500 millones de euros en tres años para lograr la contención del crecimiento del gasto por debajo del crecimiento del PIB nominal", sostiene el Ejecutivo en el texto enviado a las instancias europeas.
Aunque el Gabinete de Rajoy cuenta con un mayor margen en las cuentas gracias al impulso del IVA y los capítulos de prestaciones por desempleo e intereses, todavía ha de rebajar el déficit público en 2015 del entorno del 5,7 al 4,2 por ciento. Una reducción de unos 15.000 millones de euros a la vez que el desembolso en pensiones sube un 3 por ciento y los ingresos acusan la erosión de los salarios bajos, la inflación en negativo y la rebaja del IRPF. De ahí que haya que seguir con las políticas de austeridad.
Entre las iniciativas que contempla para conseguirsus metas presupuestarias, el Gobierno destaca la reposición parcial de los empleados públicos que se jubilen, la racionalización de las bonificaciones en las políticas de empleo, la Ley de Mutuas, la reforma de las pensiones realizadas en los años anteriores y la reforma de las Administración Pública o Cora.
Así, se calcula que las medidas tomadas en el sistema de pensiones, como por ejemplo alargar el periodo de cálculo de la prestación o retrasar la edad de jubilación, brindan cada año 1.000 millones de euros más de ahorros. La nueva legislación de las mutuas, que hace que el Gobierno se apropie de sus excedentes, reportará unos 800 millones de euros en 2015. La no reposición de funcionarios jubilados representa un ajuste de unos 900 millones por ejercicio. Y con la Cora se pretende ahorrar unos 900 millones de euros al año gracias a la eliminación de duplicidades, la centralización de compras, la gestión digital y, en general, la racionalización del gasto.
En concreto, las Autonomías tienen previsto ahorrar en 2015 unos 630 millones en gasto farmacéutico y productos sanitarios. Y otros 600 más en 2016. Además, se prevé que aminoren sus facturas de gasto corriente a razón de unos 500 millones al año entre 2015 y 2016 mediante acuerdos de no disponibilidad, reordenación de empresas públicas y mejoras en los procesos tanto de adquisición de bienes y servicios como de prestación de servicios, bien sea a través de conciertos o a través de medios ajenos.
Si bien las Comunidades aspiran a ahorrarse en 2015 unos 590 millones por la no reposición de personal, el restablecimiento de las pagas extra les costará 1.197 millones de euros. Una medida que se compensa de sobra por las nuevas facilidades de financiación a tipo a cero que reportarán unos 3.091 millones de euros a las arcas regionales.
Al mismo tiempo, los ayuntamientos deberían recortar en 2015 unos 400 millones de euros en compras de bienes y servicios y otros 400 millones disolviendo empresas públicas. También han de suprimir servicios que no son de su competencia por valor de otros 374 millones de euros. Curiosamente, la fusión de servicios públicos y fusiones de municipios tan sólo deparará 71 millones de euros de ahorros, a pesar de que ha sido una de las soluciones más empleadas en otros países de Europa. En su conjunto, aun exhibiendo un superávit, las entidades locales tendrían que ajustar sus presupuestos en unos 1.457 millones de euros.
Por su parte, los municipios han proyectado una subida de impuestos por valor de 926 millones de euros, una más que añadir a las muchas sufridas sobre todo en el IBI. Según las previsiones del Plan de Estabilidad, las entidades locales deberán sumar en 2015 una corrección de sus cuentas por valor de 2.383 millones contemplando ingresos y gastos.
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